La adjudicación de varias viviendas de protección oficial en Logroño ha generado una fuerte polémica tras conocerse que el proceso no incluyó sorteo público ni baremo municipal obligatorio, sino que quedó en manos de las promotoras privadas dentro del marco legal vigente.
El Ayuntamiento licitó suelo público para la construcción de VPO. En los pliegos se establecía que las empresas adjudicatarias debían seleccionar a los compradores entre personas inscritas y validadas en el registro autonómico de demandantes.
El punto controvertido es que no se exigía un sistema concreto de adjudicación, como sorteo público o baremación transparente. Esto ha provocado que algunos solicitantes aseguren que nunca fueron informados adecuadamente pese a estar inscritos y cumplir los requisitos.
Qué defienden las promotoras de las VPO y la administración
Las constructoras han defendido que han actuado conforme a los pliegos y a la normativa vigente.
El propio Ayuntamiento ha admitido que según los pliegos las empresas “podrían haber elegido a dedo» adjudicatarios sin mecanismos públicos transparentes.
Desde el Gobierno regional también se ha respaldado la legalidad del proceso, recordando que la competencia en vivienda protegida recae principalmente en la comunidad autónoma.
Dónde está el debate sobre las viviendas de protección oficial:
Al margen de que estas viviendas NUNCA deberían ser en régimen de venta, en este caso
El núcleo del conflicto no es tanto si se ha incumplido la ley, sino si el modelo garantiza suficiente transparencia y concurrencia pública cuando se trata de suelo público y vivienda protegida.
La polémica se enmarca en un debate más amplio sobre las lagunas del sistema de VPO en España, especialmente cuando la promoción es privada y no existe obligación de aplicar listas públicas con adjudicación reglada