Más del 60 % de las actuaciones de la empresa pública de promover suelo y vivienda presentan incidencias.
El informe señala falta de eficacia, retrasos y una mala gestión.
El informe sobre el SEPES: retrasos, incidencias y falta de resultados.
El Tribunal de Cuentas aprobó el 25 de septiembre de 2025 un informe que analiza la gestión de SEPES.
El documento no deja lugar a dudas: la mayoría de los proyectos revisados acumulan años de retraso, falta de planificación y una débil capacidad de ejecución. En concreto, más del 60 % de los planes presentan “incidencias relevantes”.
El organismo fiscalizador apunta directamente a la burocracia y a la falta de coordinación entre administraciones como causas principales.
Pero también cuestiona la gestión interna de SEPES y su escasa agilidad para ejecutar proyectos que deberían ser prioritarios en plena crisis de vivienda.
Una lentitud que encarece los proyectos:
Los retrasos no son un mero problema técnico.
Según el informe, mantener durante años suelos sin desarrollar genera un sobrecoste constante para las arcas públicas, al aumentar los gastos de conservación y mantenimiento.
SEPES justifica esos plazos por la “complejidad del marco urbanístico español”, pero el Tribunal de Cuentas advierte que la falta de previsión y de gestión eficaz agrava esa lentitud. La burocracia puede ser un obstáculo, pero no una excusa permanente.
Ausencia de indicadores claros que permitan medir la rentabilidad o el impacto social:
Lo que impide evaluar si las inversiones cumplen realmente su objetivo: poner más vivienda asequible a disposición de la ciudadanía.
El SEPES: Una entidad clave que necesita modernizarse
SEPES se creó en 1991, pero más de tres décadas después su papel vuelve a estar en entredicho. En un momento en que el acceso a la vivienda es uno de los principales problemas sociales del país, la lentitud en sus procesos y la falta de resultados concretos cuestionan su eficacia como instrumento público.
El informe es claro: SEPES necesita una transformación profunda, con procesos más ágiles, mayor control y una coordinación real con las administraciones locales y autonómicas. Sin ello, los proyectos seguirán acumulando años de espera mientras la emergencia habitacional se agrava.